Enero 5 de 2014
El tema de la descentralización tanto en sus
componentes políticos como administrativos vuelve a estar a la palestra de las
discusiones en las relaciones Gobierno Nacional – Territorios. Siempre será un
tema en construcción en Colombia, amén de los grandes avances que se han
registrado en los últimos treinta años.
Ya ha sido expedida la Ley 1551, que actualiza normas
de funcionamiento de los municipios, así como también la Ley 1617 sobre
Distritos Especiales y está pendiente la reforma al régimen departamental.
Anteriormente, en 2011 fue aprobada la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
y los territorios recibieron un impulso importante con la creación del Sistema
General de Regalías.
No obstante, es menester aumentar la injerencia de los
territorios en las discusiones y toma de decisiones sobre asuntos con claros
impactos en las regiones. En el caso de los departamentos, estos tienen competencias
en virtud de la transferencia de recursos del sistema general de
participaciones en educación, para la prestación del servicio educativo,
principalmente, mediante convenio para la ejecución del Programa de
Alimentación Escolar, en salud para acciones en salud pública y prestación del servicio
hospitalario público y para agua potable y saneamiento básico; también,
mediante la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial los departamentos cuentan
con competencias en materia de ordenamiento del territorio, en particular, para
la formulación de Directrices o Lineamientos Departamentales en esta materia.
Si bien hay más responsabilidades a cargo de los
departamentos establecidas en diferentes normas, en especial a partir de la
Constitución de 1991, creo que corresponde el momento para que se amplíe la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial más allá de las competencias en materia de
ordenamiento territorial, que eran necesarias, y se organice un marco de
distribución de competencias entre Nación y Departamentos, con carácter
voluntario, con período de transición y recursos fiscales, así como para la
coordinación de competencias exclusivas de la Nación con los departamentos.
Es importante que los departamentos cuenten con
mejores herramientas de competencias para encarar desafíos al desarrollo
territorial en temas como desarrollo productivo, fundamentalmente para el
sector agropecuario, minería y medio ambiente, por ejemplo, áreas con mayor
definición a nivel del Gobierno Central, pero con claros impactos a nivel
regional. Competencias coordinadas con el nivel nacional permitirían una
adaptación de las políticas centrales a las condiciones del territorio y
consultarían las prioridades de los planes de desarrollo territoriales, ello en
el contexto de un mejoramiento de la relación tributaria entre Nación,
departamentos y municipios, en los que por cada $100 de recaudo tributario en
los departamentos, $80 lo recauda la Nación, $12 los municipios y distritos en
promedio y $6 los departamentos.
Igualmente, habrá que pensar en la necesidad de
brindar una categorización particular a determinados municipios en el país, que
por sus condiciones ambientales representan áreas estratégicas, en razón a que
buena parte de su territorio, 40% o más incluye un área protegida o está
declarada reserva mundial de la biósfera. Por ejemplo, este es el caso del
municipio de Pueblo Viejo en el departamento del Magdalena: el 60% de su
territorio es acuático, contiene el humedal más grande de Colombia, la Ciénaga
Grande de Santa Marta, está dentro de la categoría Humedal Ramsar y forma parte
de la Reserva Mundial de la Biósfera de este complejo estuarino y la mayor
parte de su territorio firme forma parte de la Vía Parque Isla de Salamanca.
Así, las connotaciones de uso del territorio están orientadas a la conservación
y protección de la biodiversidad de un área ambientalmente estratégica, lo cual
limita las posibilidades de uso del suelo y, por ende, de actividades
económicas, que son la base del recaudo de impuestos locales como el predial e
industria y comercio.
Así, es necesario pensar en una categorización
que incluya estos elementos y permita a este tipo de municipios percibir una
mayor transferencia de recursos en relación con su importancia ambiental.
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